La de hoy será una audiencia crucial en el juicio de la causa por la obra pública. El fiscal federal Diego Luciani terminará hoy sus alegatos y pedirá que Cristina Kirchner sea condenada. Además de una pena de prisión, Luciani solicitará que la vicepresidenta sea condenada a no poder ejercer cargos públicos de por vida: inhabilitación perpetua. Se trata de una de las penas fijadas por el Código Penal para cada delito.
Los fiscales Luciani y Sergio Mola señalaron el viernes en su octava audiencia de alegatos que a su criterio está probado que Cristina Kirchner cometió dos delitos: fue la jefa de una asociación ilícita que desde su gobierno y el de Néstor Kirchner pergeñó un armado ilegal para que el empresario Lázaro Báez reciba obra pública para Santa Cruz durante 12 años que en gran parte no terminó, pero que cobró de manera completa con sobreprecios e incumpliendo normativas, y que así también se defraudó al Estado nacional.
Penas, según el Código
El delito de fraude en perjuicio de alguna administración pública está contemplado en el artículo 174 del Código Penal y prevé una pena de dos a seis años de prisión. Pero también establece que "el culpable, si fuere funcionario o empleado público, sufrirá además inhabilitación especial perpetua". Así, si el fiscal entiende que se cometió ese delito no puede evitar pedir en su condena la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
La pena de prisión puede variar entre la escala de años que tiene cada delito, en el caso de Cristina Kirchner los de asociación ilícita (de 5 a 10 años para jefes) y fraude en perjuicio de alguna administración pública.
Así, la expectativa para hoy estará en cuántos años de prisión la Fiscalía pedirá para Cristina. Puede ir de los 7 a los 16 años de prisión, sumando los mínimos y los máximos de cada delito. En lo que no hay duda es que solicitará que la vicepresidenta no puede ejercer más cargos públicos.
La causa
En el juicio se juzgan las irregularidades en las 51 obras públicas que las empresas de Báez recibieron para Santa Cruz de 2003 a 2015.
Los acusados son 13 y, además de Báez y Cristina, aparecen los exfuncionarios Julio De Vido (exministro de Obras Públicas), José López (exsecretario de Obras Públicas) y Nelson Periotti (extitular de Vialidad Nacional), entre otros.
Dos de los acusados en el juicio, De Vido y López, ya tienen condena de inhabilitación. De Vido fue condenado a cinco años y ocho meses de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos por la tragedia ferroviaria de Once y López recibió la pena seis años de prisión y la imposibilidad de volver a la función pública por los bolsos con los nueve millones de dólares. Ambas condenas fueron confirmadas por la Cámara Federal de Casación Penal y se encuentran en revisión en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por lo que no están firmes.
Proscripción
El pedido que hará Luciani pegará de lleno en la postura que el kirchnerismo tomó en las últimas semanas: que se busca proscribir a la vicepresidenta ante las elecciones del año que viene.
"Si necesitan, van a intentar proscribirla, no tienen límite con este accionar", dijo el senador nacional Oscar Parrilli.
En la misma línea habló el ministro de Justicia, Martín Soria: "Pueden intentar proscribir a Cristina, lo hicieron con Lula y lo hicieron con Perón. Hay casos concretos. A mí no me extrañaría que lo intenten".
El viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, habló que el juicio tiene "fines de persecución política". Y el 2 de agosto, al día siguiente del inicio de los alegatos, La Cámpora publicó un video que terminaba con la militancia cantando "si la tocan a Cristina que quilombo se va a armar".
El fiscal pedirá y luego la decisión de condenar o no quedará en manos del Tribunal Oral Federal 2 de Comodoro Py, integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso. A los dos primeros y al fiscal Luciani la defensa de la vicepresidenta los recusó, lo que fue rechazado. La expectativa del tribunal es dar a conocer el veredicto antes de fin de año.
Medio millar de intendentes respaldaron a la vicepresidenta
Un día antes de que la Fiscalía cierre su alegato y pida una condena, alrededor de 500 intendentes de todo el país respaldaron ayer a la vicepresidenta Cristina Kirchner ante el juicio que se lleva a cabo en su contra por acusaciones de presunta corrupción en la obra pública.
Por medio de un comunicado, aseguraron que el juicio oral que la expresidenta enfrenta por el posible desvio de fondos públicos en favor del empresario Lázaro Báez durante su etapa como mandataria nacional, caso conocido como “Vialidad”, representan en realidad un intento por proscribirla de la actividad política.
“La persecución judicial sobre la vicepresidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner, que se instrumenta con la activa participación de numerosos medios de comunicación, constituye una práctica violatoria de los derechos humanos que bajo el maquillaje de la aplicación de la justicia, pretende condicionar, invisibilizar y anular social y políticamente”, apuntaron.
En ese sentido, exteriorizaron -en representación de “los intendentes del interior del país”- “la preocupación frente a la utilización del sistema judicial como un mecanismo de estigmatización, de condicionamiento y disciplinamiento social”. El escrito contó con la firma de jefes comunales de Jujuy (8), Catamarca (17), Tucumán (38), Salta (4), Santiago del Estero (158), Corrientes (8), Chaco (47), Formosa (37), Misiones (1), Córdoba (55), Santa Fe (34), Entre Ríos (33), Mendoza (2), San Luis (1), San Juan (2), La Rioja (17), Chubut (9), La Pampa (7), Neuquén (4), Río Negro (8), Tierra del Fuego (3) y Santa Cruz (16).
Por último, el escrito concluyó: “Las y los argentinos nos merecemos una justicia a la altura de las circunstancias, de cara a la celebración de 40 años de democracia ininterrumpida en nuestro país y llamamos a la reflexión a la comunidad en su conjunto, para rechazar estas prácticas institucionales y consolidar la plena vigencia de los derechos humanos”.
Cristina Kirchner enfrenta este juicio oral por un supuesto redireccionamiento de la obra pública de Santa Cruz durante sus mandatos como presidenta (2007-2011 y 2011-2015) en favor de Lázaro Báez, el empresario y ex socio comercial de los gobiernos kirchneristas, y hoy condenado por otros casos de corrupción y bajo arresto domiciliario.
Se trata del primer juicio contra la vicepresidenta que llega hasta la etapa de los alegatos, la instancia previa a la sentencia donde el tribunal define la condena o la absolución. En el caso, se juzgan las irregularidades en las 51 obras públicas que las empresas de Báez recibieron para Santa Cruz de 2003 a 2015.
fuente el tribuno
