El polémico proyecto arancelario que presentó la Corte de Justicia de Salta se encuentra en debate en el Senado provincial. En los próximos días, según confirmaron a El Tribuno, se conformará la Comisión de Justicia para tratar el tema. Ya se enviaron las notificaciones a las juezas Teresa Ovejero Cornejo, Adriana Rodríguez Faraldo, María Edit Nallim, María Alejandra Gauffín y sus pares Guillermo Catalano, Ernesto Samsón, Pablo López Viñals y José Gabriel Chibán para que concurran al Senado.
La reforma procesal que desató cuestionamientos contempla la exigencia de un depósito previo de 12 IUS (algo más de $355.000 al valor actual de la citada unidad arancelaria) para acceder al recurso de queja ante la Corte provincial. Abogados del foro local sostienen que representa un obstáculo económico que dificultaría gravemente el acceso a la justicia para amplios sectores de la población. En diálogo con El Tribuno, los diputados provinciales Bernardo Biella y Guillermo Durand Cornejo también se mostraron en contra de arancelar los recursos en queja.
"Uno lo que busca en la Justicia es la equidad. Y desde ya este proyecto, que me imagino que no debe tener fines recaudatorios, sino que busca reducir la cantidad de presentaciones o causas que no tienen fundamento, que llegan a la Justicia y, por supuesto, abarrotan de expedientes a la misma. Acá, con este proyecto que está por llegar a las cámaras, se altera este principio específico. Porque, teniendo en cuenta que la situación no tiene un horizonte de mejorías a corto o mediano plazo, lo que haríamos simplemente es vulnerar ese derecho de igualdad que tenemos que tener todos ante la ley", manifestó Biella.
El legislador salteño expresó que habría que rever la posibilidad y darle las herramientas a la Justicia para que trabajen "más y mejor", con mayor "eficacia y eficiencia", buscando efectividad para que se puedan resolver distintas causas, pero no generando un cobro de más de 355 mil pesos hoy, "porque estas 12 IUS seguramente se van a ir incrementando", y los salarios jamás se van a incrementar de acuerdo a las unidades arancelarias.
"Entonces hay que darle una vuelta de tuerca a este proyecto, y buscarle la manera de generar esta mejoría y este aceitamiento de todas las estructuras de la Justicia, para que se puedan atender todas y cada una de las causas, sin que recaiga sobre los más vulnerables nuevamente el pago de estos aranceles, para que sus causas puedan ser atendidas por la Suprema Corte", comentó.
Guillermo Durand Cornejo se preguntó: "¿Cuál es la calidad en el servicio de Justicia en Salta?" y remarcó que ya los ciudadanos salteños están pagando con sus impuestos para sostener a todo el Poder Judicial.
"El problema es que la gente no tiene el dinero. Entonces, que alguien no pueda recurrir a buscar justicia porque no tiene cómo pagar, es una aberración. Es algo que no se puede aceptar y no puedo creer que vaya a haber algún legislador en Salta que sea capaz de aprobar semejante cosa. Pero esto de cobrar y en este momento, porque yo te digo, si el país estuviera en una situación normal, aceptable, bueno, la verdad que no estaríamos discutiendo esto, porque no le daríamos ni importancia, tal vez", expresó el legislador por Salta.
Guillermo Durand Cornejo comentó que cuando llegue el momento de votar el proyecto en la Cámara de Diputados, adelantó que el suyo será negativo porque no está de acuerdo. "Yo voy adelantando mi voto, que va a ser negativo desde ya. Porque vuelvo a repetirte: no están brindando un servicio de excelencia los señores de la Corte. El Poder Judicial no brinda ningún servicio de excelencia que amerite cobrar un extra. Los ciudadanos, de por sí, somos los que sostenemos al Poder Judicial. ¿Quién creen que pagan los sueldos de ellos, los privilegios de sus jubilaciones, su privilegio de no pagar impuestos como todos los ciudadanos de esta provincia y de este país? Está mal a nivel nacional y a nivel provincial. Está mal que no paguen impuestos y está mal que también tengan su jubilación de privilegios, por más que no sean los únicos", finalizó el diputado.
La propuesta del alto tribunal
La iniciativa legislativa de la Corte salteña fue remitida al Senado provincial a través de la acordada 14.107 del pasado 22 de marzo. En ella, las juezas Teresa Ovejero Cornejo, Adriana Rodríguez Faraldo, María Edit Nallim, María Alejandra Gauffín y sus pares Guillermo Catalano, Ernesto Samsón, Pablo López Viñals y José Gabriel Chibán afirmaron que la exigencia del depósito dinerario "resulta conveniente" como "medio para asegurar la seriedad y debido uso del remedio procesal". Indicaron que, en concordancia con el depósito previo que exige el artículo 286 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, "la mayor parte de las jurisdicciones provinciales han regulado esta exigencia para la admisibilidad de las quejas que tramitan por ante sus máximos tribunales". Aclararon que quedarían eximidos del nuevo requisito de admisibilidad "quienes estuvieran exentos de pagar el sellado o tasa judicial", y que en caso de admitirse la queja se procedería a la devolución del monto mencionado. Por el contrario, si la queja fuera desestimada, "el depósito se perderá y la Corte dispondrá su aplicación al servicio de justicia", expresa la acordada.
El depósito previo que la Corte salteña propuso incluir en el artículo 303 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia, como nuevo requisito de admisibilidad de las quejas por recurso de inconstitucionalidad denegado, es de 12 IUS, unidad arancelaria fijada para los honorarios profesionales de abogados y procuradores, y que equivale al 1% del sueldo neto de un juez de primera instancia con una antigüedad de ocho años. El valor de cada IUS es actualmente de $29.586.
En la Comisión de Legislación General
El proyecto que la Corte salteña giró al Senado provincial mediante la acordada 14107 se encuentra en la Comisión de Legislación General, del Trabajo y Régimen Previsional desde el mes pasado, de acuerdo con el Boletín de Asuntos Entrados del 4 de abril ultimo.
La citada Comisión es presidida por Javier Mónico Graciano, senador por Rosario de la Frontera que integra el bloque Compromiso por Salta junto a otros cuatro miembros de esa Comisión permanente: Dani Raúl Nolasco (La Poma); Mashur Lapad (Rivadavia), Jorge Pablo Soto (La Viña) y Alejandra Beatriz Navarro (Anta). también la integran Walter Wayar (Cachi - Frente de Todos) y Héctor Calabró (La Caldera - Evita Conducción).
El pasado domingo, tras emitir un duro pronunciamiento institucional contra el proyecto de la Corte, el Colegio de Abogados y Procuradores de Salta adelantó que solicitará formalmente a las autoridades de ambas cámaras tener intervención en el debate en comisiones de la polémica iniciativa.
fuente El tribuno
